El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, fue duramente cuestionado por ejecutivos del grupo inversor de la empresa Crescent Global Oil - Paraguay, James Andrews y Richard González quienes se preguntaron porqué razón el titular del MOPC “ataca nuestra inversión y concede permisos de prospección de nuestros bloques a empresas cuyos titulares poseen frondosos prontuarios judiciales en Ecuador y Estados Unidos”. Los empresarios estadounidenses se encuentran es Asunción, donde ayer fueron recibidos por el vicepresidente Federico Franco y hoy a las 12:00 por el presidente de la Cámara de Senadores, Oscar González Daher.

Las recurrentes arbitrariedades que tienen por objeto entorpecer una de las mayores inversiones norteamericanas en el Paraguay, mediante procesos confiscatorios en tres contratos de concesión para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos; la insistencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en descalificar a las empresas Crescent Global Oil y Pirity Hidrocarburos, y en cambio dar crédito a empresarios con prontuarios judiciales; así como la solvencia técnica y financiera de Crescent y Pirity en los proyectos por los cuales ya lleva invertidos 8 millones de dólares; fueron los temas tratados este lunes con el vicepresidente de la República, Federico Franco y los representantes del grupo inversor norteamericano, James Andrews y Richard González.

La presencia de los ejecutivos se da una semana después de que el vicepresidente firmara un decreto que revoca la caducidad de un contrato firmado por el Presidente Fernando Lugo sin tener en cuenta que sobre el mismo rige una medida judicial de No Innovar.

No obstante, el decreto de revocatoria redactado por el MOPC incurre en nuevas arbitrariedades y exigencias que poseen precedente de inconstitucionalidad, con lo que se continúa poniendo trabas a una inversión que dejaría en Paraguay 54 millones de dólares.

Los directivos de Crescent Global Oil y Pirity Hidrocarburos lamentaron que esta recurrente predisposición a impedir que se cumpla una Ley de Concesión otorgada por el Congreso Nacional paralice un proyecto de inversión que podría cambiar la historia del país en materia de hidrocarburos, puesto que los trabajos desarrollados para la interpretación de datos obtenidos en etapa de prospección indican la existencia de hidrocarburos en las áreas de concesión.

“Junto a las incongruencias administrativas planteadas en los tres bloques, el MOPC ha desarrollado una campaña para desacreditar a nuestras empresas acusándonos de no poseer solvencia técnica ni financiera; de ser una “empresa de portafolio”; de haber falsificado documentos y de tener vinculaciones comerciales con sectores políticos.

En todo este tiempo ha quedado muy claro nuestra solvencia técnica y financiera respaldada por empresas norteamericanas que tienen en explotación más de 70 pozos en el estado de Texas; que hemos presentado y obtenido la aprobación de un Plan de Trabajo que ha sido ejecutado en cumplimiento de la disposición contractual y hemos asumido el riesgo de invertir varios millones de dólares en compra y alquiler de equipos, contratación de profesionales y obreros, que hasta el momento se enfrentan al afán confiscatorio del MOPC”.

“En reiteradas ocasiones pusimos de manifiesto nuestra voluntad de diálogo y concertación para llevar adelante un proyecto que, de no concretarse, sólo traerá grandes daños económicos y a la imagen internacional de Paraguay, junto a la frustración de seguir postergando al país en el hallazgo de hidrocarburos”.

“Mientras nuestras empresas son objeto de estas arbitrariedades, no conseguimos entender la confiabilidad pública otorgada por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, a otras empresas a las que se pretende conceder nuestras áreas de prospección cuando varios referentes de esas compañías; como Jean Francois Henin, Presidente del Directorio de Maurel & Prom, francés vinculado a la empresa paraguaya LCH SA, que posee antecedentes judiciales relacionados con hechos de corrupción, pago de coimas y estafa en Estados Unidos”.

“Otro caso que es válido citar y que afecta a los intereses de Crescent Global Oil es la premura y arbitrariedad del MOPC en conceder el bloque Alto Paraná a la empresa ecuatoriana Tripetrol, vinculada a la empresa paraguaya Lan Oil, cuyo directivo, Alejandro Peñafiel, también posee frondosos antecedentes judiciales en Ecuador”.

“Los plazos para la iniciación de trabajos prometido por las empresas calificadas por el MOPC como “confiables” no se han cumplido. En cambio, Crescent Global Oil y Pirity Hidrocarburos se encuentra ante la imposibilidad de desarrollar su proyecto de inversión porque desde esa cartera del Estado se esgrimen interpretaciones leoninas de las leyes y resoluciones; no se emiten disposiciones administrativas para la importación de equipos; se exige el inicio de trabajos de exploración sin la debida licencia ambiental que tampoco es concedida por otro organismo estatal y se exige la entrega de materiales e insumos para la fiscalización de trabajos que el mismo ministerio impide realizar”.