La liberación de Fidel Zavala por sus secuestradores, previo pago de un rescate multimillonario revela la vulnerabilidad de las instituciones y el gran trabajo político y cultural que aún tenemos que hacer para fortalecerlas. Siempre dije que la construcción del Estado como instancia impersonal regida por valores culturales y leyes pertinentes todavía iba a ser un largo contradictorio y complicado proceso, sin garantizar una evolución constante, sino avances y retrocesos, o en el peor de los casos meros desplazamientos.
La ilustración se había equivocado grande cuando sostenía que la historia a partir de la modernidad sería regida por la racionalidad hacia un progreso indefinido en todos los órdenes. Hoy aquella tesis se quebró. El avance del tiempo no asegura destinos superiores, progresos civilizatorios, estados institucionalizados, fin de las guerras, de tantas crueldades. Por el contrario, la vuelta a la barbarie, a los proyectos absolutistas, los afanes totalizantes y la profanación de los derechos humanos no terminan de hostigar constantemente a la historia contemporánea. Luego, la historia no es lineal sino circulante
La niebla espesa que rodea el desenlace de este hecho, con unos captores que le regresan al secuestrado al mismo lugar desde donde le llevaron sin que nadie les viera en un hormiguero de policías, si bien se parece kafkiano, increíble, surrealista, encierra un viejo problema moral, una antigua discusión ética en el ejercicio del poder.
Esa tensión moral pasa por el dilema de si el Estado debe hacer uso en todo caso del monopolio legal de la fuerza para defender el interés común, el sistema de legalidad que en la democracia el pueblo se da así mismo por vía de la representación política o puede renunciar a su poder coercitivo, impositivo para preservar el interés individual, en este caso la vida de un ciudadano.
La respuesta no es sencilla y más todavía en sociedades casi primarias donde, en la mayoría de los casos, todo el mundo se conoce y las instituciones no están consolidadas. No es lo mismo en países con Estados fuertemente institucionalizados donde las leyes no se prestan al chantaje, a la extorsión de los terroristas y muchos secuestrados terminan sus vidas en manos de sus secuestradores con imágenes del horror recorriendo el mundo.
Es más, en Latinoamérica cuando el pueblo elige a un presidente la gran mayoría cree que está ungiendo un salvador, a un mesías. De ahí que si le matan a un secuestrado, si asaltan a un supermercado, si se desata una inundación, si ataca la sequía, todas las miradas, todos los dardos, las culpas van para el presidente. Nuestros valores culturales y morales, lógicamente, no son los que rigen en los países del primer mundo y no lo digo de modo incriminatorio, sino resaltando la autonomía ética de los estados.
No así en las sociedades del bienestar, con democracias sedimentadas, con ciudadanía elevada y donde el orden jurídico determina la actuación del poder y no la sensibilidad social, las emociones o angustias legítimas colectivas o familiares, cuando de lo que se trata es preservar el emperio de la ley o la razón histórica y política del Estado.
Ante que un juzgamiento implacable, cabe preguntarse si el Gobierno se sentía con suficiente fuerza política, recursos humanos adecuados y tecnología apropiada para jugarse una carta fulminante: el rescate y la detención de los autores.
Yo creo que recursos humanos adecuados así como tecnología, armas sofisticadas inclusive instrumentos de punta para operativos nocturnos, los tenían. ¿Por qué no actuaron? Para salvar la vida es una buena respuesta, es más era la única opción que le podía mantener relativamente estable al presidente de la República, sin que esto excluya que podrían haber existido igualmente otras razones complejas y subjetivas.
Lugo sabía que la muerte de Zavala en manos del EPP era el comienzo de su fin como ocupante del Palacio, primero por la absoluta indiferencia en términos operativos de las fuerzas de seguridad destinadas al norte del país y el drástico desmoronamiento de su base política, donde el fantasma del juicio político le venía acosando como una pesadilla agobiante.
Del otro lado de la montaña crecía otra imaginación mucho más venenosa. Lugo nunca pudo aclarar sin complejos sus vinculaciones pasadas con la mayoría de los integrantes del grupo ilegal que detallamos más abajo, por lo que esta es una oportunidad brillante para que toda esta sospecha de combinaciones dolosas entres agentes del gobierno y el EPP se diluya completamente.
Fue el propio ministro del Interior Rafael Filizzola quien habló de infiltrados del movimiento armado en el Gobierno, citando inclusive a los ministerios de Educación y de Salud Pública. Tal vez él mismo los tenga ahí cerquita. Sus colaboradores principales Amarilla y Segovia pueden ayudarle en su afán de aclarar estas cosas que, evidentemente, se susurran como un malestar social contenido.
Todos los secuestros fueron complejos, especialmente los que conmocionaron y unieron al país por la vida y la liberación. Pero este último no fue en un centro urbano, sino en un lugar casi despoblado. Fue el que aparentemente ofrecía todos los elementos de localización y por las propias declaraciones del recientemente liberado su cautiverio no estaba a más de 50 kilómetros de su estancia.
De ahí que el presidente Lugo sabe que la buena política, el éxito del Estado no pasa por la modalidad de buenas intenciones sino por la eficacia de los resultados en referencia a la expectativa social. Que no sean los chivos expiatorios, los corderitos trasquilados, los apresados para salvar la apariencia y redimir a los verdaderos autores.
Determinismo retrospectivo: La culpa tienen los otros
En estos días vimos rebrotar en la opinión pública una suerte de determinismo retrospectivo, como que el pasado es la causa y la culpa de todos los males presentes, de la actual deficiencia administrativa pasando por la corrupción sofocante del momento hasta los desmanes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Es cierto, el pasado más con sus males que con sus virtudes se recrea diariamente. Nos recuerda que el cambio es un buen recurso retórico electoralista, pero de complicada plasmación en la realidad, en particular es la esfera de la política y del poder.
Si el pasado condicionara todo, dónde quedaría la libertad moral, la conciencia ética. Las graves denuncias de corrupción que golpea al presidente y a su entorno resultan de las decisiones libres de sus colaboradores.
Y con respeto al EPP, cuando fui presidente actué en el marco de la ley, conforme a mis facultades constitucionales y respetando la división de poderes y si bien no pudimos, en determinados episodios, evitar que los criminales perpetraran lo peor y lo irreparable, sin embargo sus cabecillas fueron capturados y condenados por el Poder Judicial, todos ellos miembros de la organización mercenaria hoy muy publicitada.
La memoria es frágil y peor si le atormenta el fanatismo, el maniqueísmo político. Por ello vale la pena refrescarla de vez en cuando. El que fungía de comandante del EPP Alcides Oviedo Brítez, ex seminarista y prohijado de Lugo en su momento, lo detuvimos junto a su esposa y camarada Carmen Villalba, ambos cerebros del grupo, en un feroz enfrentamiento el 2 de julio de 2004 en Capilla del Monte. La mujer cayo nuevamente presa luego de fugarse del Buen Pastor.
Por el secuestro (ocurrido el l6 de noviembre de 2001) de María Edith de Debernardi fueron condenados a 15 años más tres como medida de seguridad Carmen Villalba, Alcides Oviedo y Aldo Meza. En este mismo caso fueron condenados De los Santos Saldivar (7 años ), Nidia Espínola de Rosa ( 5 años ) y José Tomas Rosa ( 8 años).
Están prófugos Juan Francisco Arrón, Anuncio Martí y Gilberto Setrini (ex seminarista). Los dos primeros están en el Brasil con el estatus de refugiados mientras que para nuestra Justicia son criminales prófugos. A Arrón se le vio varias veces en la Diócesis de San Pedro en otro tiempo cuando se desempeña como proyectista de emprendimientos sociales y tenía como secretario principal a Manuel Mieres, del que se dice es hoy el subcomandate Alexander del EPP. Aquí hay una anécdota sugerente : Un día el entonces Gobernador Erico Ibañez se sintió ofendido por Manuel Mieres en una intervención radial y lo desafió a duelo. Rápidamente mediaron Arróm y obispo Lugo para impedir el hecho.
En el caso de Cecilia Cubas, secuestrada el 21 de setiembre de 2004, hemos logrado la captura de los principales actores en un trabajo de inteligencia con la Fiscalía y con los agentes la seguridad colombiana.
Las penas más altas fueron impuestas a Omar Feliciano Martínez y Anastasio Mieres, que llegan a 35 años de prisión. Francisca Andino (30 años de cárcel), en tanto que Vaciano Acosta, José Domingo Hidalgo, Pedro Chamorro, Manuel Portillo Gómez, Roberto Otazú Busto y Sebastián Osorio deberán purgar 24 años y 9 meses de prisión. También fueron condenados Aldo Meza (15 años); Lidia Samudio y Rosalba Jara, 5 años de pena.
Igualmente durante mi gobierno en combinación con la Polícia Argentina se les detuvo en Buenos Aires a Roque Rodríguez, Agustín Acosta, Arístides Vera, Simeón Bordón y Gustavo Lezcano, extraditados recientemente, todos vinculados con el EPP y con el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Los nombrados hoy están en juicio oral.
Percibo y entiendo que hay un gran esfuerzo y mucha plata desde el Gobierno para sostener una política comunicacional tendiente a manipular los hechos, a colonizar las mentes y predisponerlas a seguir responsabilizando al coloradismo de la gran desesperanza y los penosos fracasos con que cada día desayuna la nación.
Hay que saber, sin embargo, que toda campaña mediática oficialista que sin escrúpulos declara la guerra a la razón, la verdad, podrá servir de anestésico, pero terminará dinamitando los cimientos ya corroídos de este gobierno y la credibilidad de sus mentores políticos.
Aceptamos la crítica sobre las debilidades y falencias que tuvo nuestra gestión gubernamental, que talvez debimos haber actuado con más dureza, pero hicimos lo que el sistema de legalidad nos permitía y los resultados no constituyen un dato menor en términos de capturas y condenas de los ideólogos del supuesto EPP.
Pero la interrogación que está ausente es por que este Gobierno no ha capturado a nadie en estos un año y cinco meses, a pesar de la aparatosidad con que se desplazan los agentes de seguridad y de todo el apoyo parlamentario en provisión de fondos y de la propia ciudadanía.
Por qué el presidente Lugo no autorizó la intervención de las fuerzas seguridad que según el entonces comandante de las Fuerzas Militares Cíbar Benítez tenían localizado el sitio donde estaban operando los secuestradores.
La gran inquietud es si hay o no nexos limitantes de la acción gubernamental con respecto a Osvaldo Villalba (comandante Alexander, sustituto de Oviedo Britez) y Manuel Mieres (sub.cmdte Santiago) y Magna Meza, identificados por los peones de la estancia de los Zavala. Como en la filosofía muchas veces las preguntas y no las respuestas son las que abren el camino de la verdad.
Quienes son estos tres personajes? Osvaldo Villalba, hermano de Carmen Villalba a quién Lugo visito en su lugar de reclusión siendo obispo ya en carrera política; Magna Meza muy vinculada tiempo atrás a las actividades eclesiales de base en San Pedro y Manuel Mieres, becado un tiempo por la Gobernación de San Pedro a pedido del hoy mandamás de turno.
Estas son cuestiones cruciales que requieren desde el Gobierno respuestas claras y acciones concretas. De lo contrario muchos pueden dejar de creer que cuando Lugo manifestó no estar enterado del secuestro y asesinato de Cecilia fue simplemente una distracción verbal pasajera, o que pecó de ingenuo cuando al salir de la visita en la cárcel a la de Villalba y Oviedo Britez manifestara que “ponía las mano en el fuego” por ellos según los registros de los diarios.
A esto hay que agregar la forma escandalosa con evidente venia gubernamental en que se había entregado Casildo López empecinado reivindicador de la lucha armada. Vino en camioneta VIP del Ministerio del Interior, acompañado de altos funcionarios y en vez de ser llevado directamente a la cárcel desembarcó- certificado médico sospechoso mediante- en una también sala VIP de Emergencias Médicas, burlándose de los pacientes reales y de las instituciones.
Durante mi gobierno el autodenominado EPP tuvo dos incursiones visibles: El atentado contra la comisaría de Jugua Ñandú el 17 de abril de 2006. Inmediatamente instalamos ahí un destacamento militar y la actividad del grupo ilegal en cierto modo se desvaneció hasta que el l3 de abril del 2008, un poco más de un mes antes de las elecciones nacionales reaparece con una incursión violenta en Curuzú de Hierro en un establecimiento de producción quemando maquinarias.
El destacamento militar que habíamos instalado en Jugua Ñandú apenas llegó Lugo al Palacio lo desmanteló y lo llevó a Tacuatí, siendo asaltada esta base militar por grupos armado pertenecientes al EPP sin ninguna consecuencia hasta el momento.
El l8 de marzo 2008 Carmen Villalba desde su prisión revindica el atentado de Curuzu de Hierro (abc color y la radio 780 AM publican) y anuncia que si bien no le conoce personalmente a Lugo si pudiera le votaría para sacar al coloradismo del poder.
Después del 20 de abril del 2008, con la victoria de la Alianza, los grupos sociales radicalizados, los movimientos campesinos comprometidos con la lucha de clases se enseñoreaban en nuestro país. El palacio de Gobierno de hecho se mudo a Lambaré, la casa de Lugo, desde donde diariamente se empezaba a enrarecer el escenario político con el resultado hoy a la vista. Toda está documentado en los diarios y grabaciones.
Con la complacencia de Lugo desde dirigentes sociales procesados, gremialistas venales pasando por estalinistas recalentados, marxistas analfabetos, sospechosos de secuestros y curas paganos que se relamían con el poder terrenal, desde el bautizado Lugo roga, anunciaban invasiones a la propiedad privada, paredones para las oligarquías y sepulturas denigrantes de los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial. Y así nos va. Todo está en los archivos de los dispositivos mediáticos.
En este trance se produce el secuestro de Lindstron en pleno apogeo de los actores políticos triunfantes, un mes antes de la toma de posesión de cargo, julio 2008, a partir del cual el EPP aparentemente se fortalece y actúa con más soltura y arrogancia. Se pagó el rescate ya en el Gobierno de Lugo, pero hasta la liberación de Zavala no hubo detenidos. Lo peor es que el dinero que se recuperó el propio Lindstron confesó que por falta de garantía tuvo que de vuelta entregar a sus secuestradores.
Estos datos no tienen propósito de excusa ni remover prejuicios con respecto a lo que ha sido la actuación de nuestro Gobierno en referencia a la del actual Ejecutivo. Es más, sé que el periodismo no está para la investigación histórica, menos para un revisionismo relacional pasado-presente en términos de datos comparables. La prensa se mueve fundamentalmente en base a una agenda diaria compleja y dinámica, a la urgencia de jerarquizar las informaciones hora a hora, cuáles son más importantes y actuales.
Hay en ciertos sectores funcionales al nuevo orden la intención de privarles a los colorados del derecho a la palabra, a la libre expresión y la defensa crítica. En el pasado bastaba llamarle comunista al cuestionador de Stroessner, sin importar su razonamiento, para dejarle fuera y magullado. Hoy con el cambio basta llamarle colorado al que critica a Lugo para descalificarlo, zafarse del apuro y de la falta de argumentos en el oficialismo. Esto los estructuralistas llamarían isomorfismo; Contenidos diferentes organizados bajo el mismo esquema formal.
Estoy seguro que este comentario no forma parte de la opinión dominante actualmente, pero la gran teórica de la comunicación social Elisabeth Noelle- Neuman, no en balde subraya que “la opinión dominante exige el consentimiento o cuando mínimo pretende obligar al silencio a los disidentes”. Si antes los medios dirigían la atención del público “ahora en muchos casos fabrican mayorías censoras. La espiral del silencio es la cara oculta de la agenda”.
De cualquier manera me permito un juego retórico sobre hipótesis, sobre posibles consecuencias si hubiésemos actuado buscando la liquidación y el exterminio de los ilegales seudoguerrilleros, como suelen reclamar los sectores reaccionarios de la sociedad, sin importar la Constitución y las leyes.
La historia contra fáctica y el exterminio del EPP
Imaginemos por un segundo, al anterior gobierno colorado militarizando las zonas en las que empezaban a operar las bandas delictivas del EPP. Imaginémoslo como verdaderos espacios de excepción, donde unas fuerzas policiales y militares, siempre “enemigas del pueblo” para la sensibilidad “izquierdista”, comenzara su tarea de rastrillaje, festival de detenciones, cruces de plomo y razzia indiscriminada. No tardarían un segundo, los hoy sensatos hombres de la izquierda democrática, en denunciar abusos en materia de derechos humanos, mientras los titulares de los periódicos más importantes hablarían del “inicio de un régimen autoritario, capaz de replicar las peores atrocidades del stronismo”, “Criminalización de las luchas sociales”, “Represión violenta a campesinos”, “Militarización de la sociedad”, serían las reacciones de los actuales agentes de la izquierda y de sectores importantes de la opinión pública.
Probablemente luego del exterminio de los hoy grotescamente autodenominados EPP, el ex presidente colorado estaría siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad, violación flagrante de los derechos humanos, genocidio y otras posibles etiquetas jurídicas.
La prensa local e internacional lo estaría comparando con Fujimori y su destino estaría marcado por haber sido el responsable político de la compleja tarea de asesinar bajo el escudo impersonal del Estado. Más que de terrorismo de pretensiones subversivas, el bienpensantismo local, los denominados intelectuales orgánicos e inorgánicos estarían hablando de Terrorismo de Estado y acaso hasta trabajando en la sedimentación de la memoria de los caídos. Una banda de delincuentes, pasaría a ocupar el panteón sagrado de las víctimas de un Estado intrínsecamente violento, profanando de esa manera a las genuinas vidas aniquiladas en los tiempos de la dictadura militar.
El pretexto de la inacción del gobierno anterior por parte del actual oficialismo no hace sino esconder el pánico ante lo Real mismo del poder. ¿Cómo proceder contra quienes atentan contra la vida de las personas al mismo tiempo que no traicionar nuestro debido respeto a los Derechos Humanos? ¿Qué hacer con el clamor social que casi de manera unánime exige el exterminio de este grupo? El consenso social de quienes deben ser acribillados ¿puede ser una fuente de legitimidad? Lo que atormenta a Lugo y su camarilla es la pregunta simple y llana de ¿Cómo matar a esta gente? ¿Debemos hacerlo? La furia contra el gobierno anterior no es otra que ¿por qué ustedes, que tienen una tradición salvaje de represión y tortura, no lo hicieron?
Se comprende entonces lo difícil que debe ser para la conciencia pura y transparente de los intachables de siempre, sumergirse en el fango de la lucha por la defensa del monopolio de la fuerza pública. Debe ser aterrador para los buenos de la película pensar en los costos, las acciones imprevistas y el despliegue de una inmensa maquinaria que nunca responde al mero eco de la buena voluntad.
Porque la limpieza, si se quiere exhaustiva, siempre ocasiona pérdidas de objetos que no estaban destinados a la basura. Y cuando se trata de vidas humanas, las secuelas suelen ser irreversibles. Paradojas de la historia, si al estronismo colorado se lo repudia -con mucha razón- por haber exterminado abusivamente elementos “perturbadores” de la tranquilidad pública, al coloradísimo de la transición se lo acusa de no haber culminado con la tarea.
O Lugo instrumenta al Estado con todo su poder coercitivo, revindicando el monopolio de la fuerza organizada que tiene y demuestra a propios y extraños que los promotores del secuestro y la muerte no sólo son enemigos de la sociedad sino son también los suyos, o sino que profane el Estado y lo convierte en un nuevo Templo donde se rinda devoción a la ilegalidad, los abusos y las arbitrariedades. Y pasamos definitivamente a la lista de los Estados fallidos, de las naciones inviables, asumiendo lógicamente su cuota parte de responsabilidad la ANR.
* Ex Presidente de Paraguay (2003-2008).
